Ante el incremento de la intensidad de los conflictos sociales y la violencia en el sector minero en el país, que se ha visto reflejada en la suspensión de operaciones de Antamina, el bloqueo de la carretera en Chumbivilcas que interrumpe el transporte de las operaciones de Las Bambas, la cual ha disminuido su producción y cesará a mediados de diciembre; la quema de las instalaciones de minera Apumayo; y el anuncio del cierre de cuatro operaciones mineras en el sur de Ayacucho, se propone el fortalecimiento de un marco institucional entre el estado, las comunidades y las empresas del sector minero que integre políticas estables, el diálogo, el planeamiento, los criterios de evaluación y seguimiento, la gestión sostenible y la responsabilidad social compartida de los acuerdos que permita efectivizar el desarrollo de las comunidades del entorno minero y, además, la sostenibilidad económica y social.
Retos del Marco Institucional
Sobre la importancia del marco institucional para el sector minero y el país, Macroconsult realizó para el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú un indicador de competitividad minera sobre el atractivo comparativo de los principales países con los que el Perú compite en minería (Canadá, Australia, Chile, México, Sudáfrica), junto con los de la Alianza del Pacífico (que añade Colombia a los anteriores). En términos de regulación aplicable y de complejidad del entorno social, la competitividad de la minería peruana está en el último lugar de los países mencionados[1]. De acuerdo, a lo mencionado, se observa que el Perú está rezagado en la formación de un marco institucional que apoye a la minería, a las poblaciones y a la sociedad.
Del mismo modo, los resultados de la encuesta Fraser del año 2019 sobre percepción de la inversión minera ubican al Perú en el puesto 8 en cuanto a potencial geológico, el cual constituye su principal ventaja comparativa. Sin embargo, en el ranking general el país se encuentra en el puesto 14 a nivel mundial de regiones más atractivas para la inversión minera. Según la percepción de los encuestados, en comparación con otros países mineros, el Perú ha tenido un desempeño bajo en los factores relativos a la estabilidad política, los acuerdos socioeconómicos y las condiciones de desarrollo comunitario, la incertidumbre sobre áreas naturales protegidas y la incertidumbre sobre reclamos de tierras en disputa. Además, se aprecian oportunidades de mejora en los factores relativos al marco legal, regulaciones ambientales y tributarias[2].
En este mismo sentido, en el Ranking de Competitividad Mundial IMD – Centrum PUCP 2021, el Perú cae 6 posiciones al puesto 58 de 64 países, mientras que el país se ubicaba en el puesto 52 en el 2020. El ranking clasifica a los países de acuerdo con su nivel de competitividad, cuya definición es la capacidad que tiene cada país de generar prosperidad al usar todos los recursos disponibles y competencias de su economía. La medición se realiza por medio de cuatro pilares: desempeño económico; eficiencia del gobierno; eficiencia de negocios; e infraestructura. Asimismo, cinco factores son medidos en cada pilar y un número definido de indicadores forman parte de cada factor. En el pilar de eficiencia del gobierno, se encuentra el factor del marco institucional. Entre los indicadores del marco institucional se encuentran, el marco legal y regulatorio, adaptabilidad de las políticas de gobierno, transparencia, burocracia, corrupción, cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, índice de democracia, entre otros[3].
De otro lado, una experiencia importante sobre el marco institucional es la de minera Constancia, que considera muy importante mantener espacios de diálogo como las mesas de diálogo; buscando que el diálogo sea un medio para ayudar a lograr acuerdos entre todos los grupos de interés relevantes, para implementar soluciones a las principales demandas de las poblaciones. En este sentido, las mesas de diálogo son parte del proceso de solución –sobre todo cuando los procesos bilaterales de acuerdos entre la empresa y las poblaciones, que por lo general son más efectivos y eficientes, no avanzan- en un marco institucional que fomente las buenas prácticas de gestión social y la implementación de las soluciones propuestas[4]. Otras experiencias importantes son las de las empresas mineras del Reino Unido donde se establecen políticas gubernamentales claras y estables; y en donde el diálogo entre el estado, las empresas y la sociedad civil está presente para el establecimiento de las políticas gubernamentales y el involucramiento de todos los actores sociales[5].
El Caso de la Suspensión de Operaciones en Antamina
A fines de octubre, Antamina anunció la suspensión de sus operaciones alegando la priorización de la seguridad, salud y vida de sus trabajadores y de las poblaciones de su entorno; el restablecimiento de la comunicación y de la paz social con los pobladores de la comunidad de Aquia; y para que el gobierno pueda poner orden y las condiciones necesarias para restablecer el diálogo sin violencia. Además, porque consideraron que no existían las garantías necesarias para desarrollar sus labores productivas[6]; muestra de ello es el bloqueo de la carretera de tránsito hacia sus operaciones y el haber recibido amenazas de generar más violencia.
Por otro lado, según autoridades y dirigentes de la comunidad campesina de Aquia, Antamina ha usurpado terrenos que le pertenecen, además, reclaman mejores condiciones sociales y ambientales. La comunidad campesina de Aquia, ubicada en la provincia de Bolognesi, región Ancash, está a 60 Kms. de las operaciones de Antamina. Por la comunidad de Aquia, atraviesa la carretera hacia las operaciones de Antamina; y el concentraducto de Antamina de 300 Kms. que va hasta el puerto de embarque en la provincia de Huarmey. El concentraducto conforma un corredor donde hay aproximadamente 100,000 personas; recorriendo 29 comunidades campesinas de las provincias de Huari, Bolognesi y Huarmey, en la región Ancash.
En respuesta a la comunidad de Aquia, Antamina ha mencionado que se le ha comprado a la comunidad campesina de Aquia los terrenos hace 23 años; teniendo más de 20 años de una relación armoniosa con dicha comunidad; y que esta relación cambió a principios del 2021 cuando se eligió un nuevo presidente comunal quien ha cuestionado los acuerdos suscritos. Minera Antamina -ubicada en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, región Ancash-, cuenta con aproximadamente 10,000 trabajadores. Sus accionistas son cuatro compañías líderes en minería a nivel gobal: Xstrata, BHP Billiton, Teck Resources y Mitsubishi Corporation; siendo una de las diez más grandes minas de cobre del mundo.
Ante el fracaso del diálogo y las negociaciones ante este conflicto de tierras y socioambiental, el conflicto se tornó violento el 24 de octubre cuando la comunidad de Aquia realizó un paro indefinido tomando la carretera, bloqueando el acceso hacia las instalaciones de Antamina. En cuanto a las pérdidas por el conflicto y la suspensión de operaciones de Antamina el 31 de octubre, la minera estimó entre 10 y 14 millones de dólares diarios de menores ingresos que impacta en los ingresos de los trabajadores y proveedores, en la recaudación del país y en el canon minero. Sin embargo, con el acuerdo de una tregua -entre el gobierno y la comunidad campesina de Aquia– de las protestas contra la minera Antamina; y la instalación de una Mesa de Diálogo el 5 de noviembre, con la participación de una comisión de alto nivel del gobierno, la comunidad campesina de Aquia y minera Antamina, se han ido reiniciando las operaciones de Antamina progresivamente.
La solución del conflicto entre la comunidad campesina de Aquia y minera Antamina con la participación del gobierno es significativo y positivo tanto por la relevancia nacional e internacional de Antamina, el cese de la alta conflictividad social que llevó a Antamina a suspender sus operaciones y por ser un modelo referente para las otras comunidades campesinas en las provincias de Huari, Bolognesi y Huarmey que integran el corredor minero de Antamina y que, también, tienen sus propias demandas sociales y ambientales.
Sin embargo, hay que considerar que si bien las Mesas de Diálogo son un instrumento valioso sobre todo para el inicio de la resolución de los conflictos sociales, no son suficientes para la resolución de tales conflictos. También se tiene que considerar un marco institucional; políticas estables; la participación del gobierno, las comunidades, la sociedad civil y la empresa minera con una responsabilidad social compartida en los acuerdos y objetivos planteados, buscando crear valor económico y valor social compartido y promover la sostenibilidad económica, social y ambiental del corredor minero de Antamina.
Marco Institucional para el Desarrollo Sostenible
Si se considera los factores e indicadores del marco institucional, evaluados por entidades como el IMD – Centrum PUCP, el instituto Fraser y Macroconsult, como la estabilidad política, el marco legal y regulatorio, regulaciones ambientales y tributarias, adaptabilidad de las políticas de gobierno, transparencia, burocracia, corrupción, complejidad del entorno social, acuerdos socioeconómicos, condiciones de desarrollo comunitario, incertidumbre sobre áreas naturales protegidas, incertidumbre sobre reclamos de tierras en disputa, cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, índice de democracia, entre otros.
Y, además, se considera las buenas prácticas y experiencias en minería, marco institucional y desarrollo como las experiencias de las empresas mineras del Reino Unido donde hay políticas gubernamentales claras y estables y donde el diálogo entre el estado, las empresas y la sociedad civil se realiza previamente al establecimiento de políticas económicas y sociales estables; y como la experiencia de minera Constancia que considera que un sólido marco institucional que promueva las buenas prácticas de minería, gestión social y desarrollo contribuiría significativamente a la resolución de los conflictos sociales y a la implementación efectiva de las acuerdos de sostenibilidad económica y social.
Entonces, se tiene que considerar el fortalecimiento del marco institucional del país que implemente políticas económicas y sociales estables; los mecanismos de diálogo entre el gobierno, la sociedad civil, las comunidades y las empresas del sector minero; los criterios, factores e indicadores para la evaluación, seguimiento y monitoreo del marco institucional considerando un enfoque de responsabilidad social compartida y de creación de valor económico y social compartido; y los incentivos para una gestión sostenible responsable, de este modo, un marco institucional sólido y estable promovería fuertemente la sostenibilidad económica, social y ambiental en Antamina y en el sector minero en el país y, también, la resolución de los conflictos sociales mineros.
De este modo, se evitaría drásticamente casos como la suspensión de operaciones de Antamina, las que se han ido reiniciando progresivamente; el bloqueo constante de la carretera que interrumpe el transporte de las operaciones de Las Bambas, que se ha acentuado en noviembre con la reducción de las operaciones mineras y con el anuncio del cese de la producción a mediados de diciembre; las invasiones e incendios como el de las operaciones de minera Apumayo en octubre, en la región Ayacucho, donde se quemaron sus instalaciones generando graves daños económicos, ambientales y para la salud humana. Al respecto, una pregunta a resolver es cómo se puede disminuir en el corto plazo el incremento alarmante de la conflictividad y violencia social minera mientras que a la vez se va fortaleciendo el marco institucional para la mejora de la sostenibilidad económica y social en el país?
[1] Fuente: Informe final de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible. Febrero del 2020, Lima, Perú. pp. 22-23
[2] Fuente: Ibid. pp. 22
[3] Fuente: https://centrum.pucp.edu.pe/centrum-news/noticias-institucionales/resultados-ranking-competitividad-mundial-2021
[4] Fuente: “Gestión Social. Acciones de Apoyo frente al COVID-19”, Carlos Castro Silvestre, Hudbay Perú, Primer Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social, CCMYSS – IIMP, 2020
[5] Fuente: Kate Harrisson, embajadora del Reino Unido en Perú, Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, IMP. Jueves Minero Virtual, febrero, 2021
[6] Fuente: Comunicado de la Oficina de Comunicaciones, Compañía Minera Antamina, 31 de octubre del 2021.
Econ. MSc. Oscar Mendoza Gallo
Director Ejecutivo
Sostenibilidad & Valor Compartido
omendozagallo@sostenibilidadvc.net
Descargar artículo: https://bit.ly/Marcoinstsesa_dic21